El asesor general del Gobierno, Pedro Goyochea, analizó la denuncia del fiscal federal y consideró que la misma choca contra parámetros constitucionales: «en ningún momento en declaraciones de Quintela hay una expresión dirigida hacia la comisión de algún tipo de delito».

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Días atrás el fiscal Carlos Stornelli formuló una denuncia judicial contra el gobernador Ricardo Quintela en base a una declaraciones radiales del mandatario en las que sostuvo, entre otras cosas, que el gobierno de Javier Milei «no debe llegar al 10 de diciembre de 2027».

En su denuncia, Stornelli acusa a Quintela de incitar a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y apología del delito de sedición, entre otros.

En ese contexto, Riojavirtual Radio habló con el abogado, docente y además asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea para conocer los alcances de la denuncia del fiscal y sus posibles consecuencias judiciales.

«La denuncia de Stornelli se basa en la supuesta comisión de varios delitos regulados en el Código Penal y en torno a ello el sustento está en las declaraciones radiales del Gobernador. El detalle que hace Stornelli con respecto a la posible comisión de delitos vinculados a la desestabilización que considera el Gobierno nacional y la apología con el delito de sedición», dijo Goyochea.

El funcionario provincial agregó que en toda denuncia, cuando es elevada a un juez, «el juez tiene que analizar si la configuración es correcta, si se dan los extremos de una tipificación de carácter delictual y en segundo lugar se analiza la competencia, es decir, si ese juez es competente para entender en la denuncia formulada contra una persona». «En este caso todavía no hay un pronunciamiento de la jueza María Servini de Cubría, que resultó sorteada tras la denuncia de Stornelli. Si la jueza determina que no están dados estos elementos puede decidir el archivo de las acusaciones por falta de configuración de los elementos típicos de la acción delictual», indicó.

Luego, Goyochea dijo porqué considera que la denuncia del fiscal -que además de Quintela también alcanza a la senadora nacional Florencia López- choca contra preceptos constitucionales.

«La diferencia entre un gobernador y un legislador nacional está en los fueros. En el caso de Florencia López la inmunidad parlamentaria es la que le permite poder desarrollar sus actividades con normalidad sin estar sujeto a este tipo de denuncias formuladas por Stornelli. En el caso del gobernador Quintela, como todos los gobernadores del país, son agentes naturales del Gobierno nacional. Eso significa que representan el interés nacional en el ámbito de la provincia en lo que son las facultades que le son conferidas constitucionalmente. Entonces esta figura un poco artificiosa de la denuncia del fiscal choca con un elemento constitucional que es esta denominación de que los gobernadores son agentes naturales del Gobierno nacional», explicó.

Goyochea recalcó que «además de no darse los elementos configurativos del tipo penal, la denuncia de Stornelli choca con un parámetro constitucional que es la denominación de los gobernadores como agentes naturales del Gobierno nacional».

Para el funcionario riojano «las declaraciones del Gobernador están configuradas primero en un análisis de contexto, luego en una comparación histórica del año 2001con este escenario actual y en tercer lugar en las consecuencias que generaron desde el punto de vista social los hechos de 2001». «En este reportaje, en la descripción que hace el Gobernador en ningún momento aparecen elementos subjetivos queriendo incitar a la población a realizar actos que pongan en tela de juicio la gobernabilidad por parte de la administración del presidente Milei, en ningún momento en sus declaraciones hay una expresión dirigida hacia la comisión de algún tipo de delito. El hecho de describir contextos históricos y relacionarlos con la situación actual de ninguna manera puede configurar un hecho de carácter delictivo», argumentó.

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