Se reunió parte del Ejecutivo, Legislativo y prestadores. No estuvo Claudia Ortiz. El gobierno tomó el compromiso de achicar deuda en mayo y se armará una mesa de diálogo tripartita para canalizar otras demandas en la obra social.

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En medio de una crisis financiera que arrastra meses de tensión con prestadores, la obra social estatal APOS parece haber entrado en una nueva fase: la negociación dejó de ser un tema exclusivo de su conducción y pasó a orbitar en una mesa política más amplia, con participación directa de los principales actores del Ejecutivo y del Legislativo.

Este jueves, sin la presencia de la titular de APOS, Claudia Ortiz, se concretó una reunión clave encabezada por la vicegobernadora Teresita Madera, junto al ministro de Hacienda Fabián Blanco y el ministro de Salud Juan Carlos Vergara. También participaron diputados vinculados a las comisiones de Salud y Presupuesto, entre ellos Juan Carlos Santander, Raúl Cabral y el presidente de bloque del PJ Cristian Pérez, entre otros.

Durante el encuentro, los funcionarios escucharon de primera mano la situación crítica que atraviesan los prestadores: clínicas, sanatorios, farmacias y droguerías, entre otros, que vienen sosteniendo el sistema con pagos fuertemente atrasados. Por estos días recién comienza a regularizarse diciembre, una señal que confirma la profundidad del desfasaje financiero.

Como resultado, se delinearon algunos ejes de acción. Por un lado, el compromiso de comenzar a achicar la deuda a partir de mayo, con la expectativa de cancelar completamente diciembre y avanzar, si es posible, con enero. Por otro, la propuesta de conformar una mesa de trabajo tripartita que incluya al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado, institucionalizando así el diálogo.

No hubo precisiones contundentes ni anuncios de fondo. Sin embargo, el sector prestador valoró la apertura y, sobre todo, el cambio de dinámica: pasar de la incertidumbre a una mesa política donde el problema es reconocido y abordado en conjunto.

El desafío ahora será sostener ese espacio y, más importante aún, traducirlo en soluciones concretas. Porque en un sistema de salud tensionado, el tiempo no es un detalle administrativo.

El dato político no es menor: la ausencia de la conducción formal de la obra social y la centralidad que adquirieron funcionarios de primera línea exponen, de hecho, un cambio en la estrategia oficial. La crisis dejó de ser administrativa para convertirse en un problema político que requiere respaldo institucional más amplio.

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