El Gobernador prometió dejar la gestión en 2027 sin ningún empleado precarizado en el Estado. ¿Es posible? Los factores internos y externos que condicionan su promesa. El antecedente positivo y el negativo que tiene Gobierno para mostrar en el tema.

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Cuando su discurso por los 432 años de la fundación de la ciudad de La Rioja promediaba, Ricardo Quintela realizó la afirmación más importante de su exposición: “Queremos comprometernos que en nuestra próxima gestión, a la culminación del 2027, no quede un solo empleado precarizado en nuestra provincia”.

Desde hace años hay un tema central que atraviesa la administración pública en la provincia de La Rioja: los trabajadores precarizados. Es decir, aquellos que tienen una relación laboral con el Estado pero no están en planta permanente y, por ende, no cuentan con los beneficios que un empleado en esas condiciones tiene en lo referente a su estabilidad laboral, descuentos patronales y obra social.

Ante el anuncio oficial, la primera gran duda que surge es cuántos son los trabajadores vinculados con el Estado que no están en planta permanente. Y aunque resulte difícil de creer, esa cifra no es exacta ni taxativa.

Al asumir en diciembre de 2019 el propio Ricardo Quintela habló de 25 mil asalariados en esas condiciones, mientras que otras fuentes dicen que quienes presentan una relación más estable con el Estado provincial y que podrían considerarse en condiciones de pasar a planta serían 10 mil aproximadamente.

La diferencia surge del criterio que se aplique para determinar si existe o no un vínculo de naturaleza laboral entre ese trabajador y el Estado.

En la Provincia se presentan muchísimas modalidades de contratación y cada una de ellas tiene una forma legal distinta, con lo cual el vínculo con el Estado es diferente. El ejemplo paradigmático es el de los contratos de locación, que se realizan por un periodo de tiempo determinado (generalmente un año), con lo cual al terminar ese lapso ya no habría relación laboral. Sin embargo, hay contratos de locación que se renuevan de manera sistemática desde hace más de una década. ¿Ese vínculo sigue siendo un contrato o ya es otra forma de relación laboral más estable?

Consultado para este texto, uno de los principales juristas de la Provincia en materia laboral explicó algo que complica todavía más el análisis del tema: “En realidad, por la jurisprudencia vigente, incluyendo fallos de la Corte Suprema de la Nación, el Estado no tiene obligaciones legales con los contratos. Es decir, si el vínculo dice que es un programa, un contrato o una pasantía, es eso, no existe la obligación legal de pasarlos a planta permanente. Sin embargo, también puede el trabajar reclamar si las tareas que cumplen son las mismas que un empleado de planta y ahí se abre otro debate por las condiciones de su función”.

Al no existir una obligación legal, lo que existe es la obligación política y moral, porque se trata de empleados que desde hace años trabajan a la par de sus compañeros de planta, pero no cobran como ellos ni tienen sus mismos beneficios en materia de obra social, licencias y especialmente no cuentan con aportes jubilatorios. Con un agravante: es el propio Estado en su rol de patronal quien generó esta situación a lo largo de los años.

En este tema la actual gestión tiene un elemento positivo para mostrar y otro negativo.

En lo positivo lo principal es que sin dudas se trata del Gobierno que más trabajadores pasó a planta en los últimos años, quizás con el caso del Ministerio de Salud como el más emblemático con más de 2.000 designaciones. En esa área casi no quedan trabajadores precarizados con más de cuatro años de antigüedad que no hayan sido pasados a la planta permanente.

El aspecto negativo es que la misma promesa de los pases a planta ya fue realizada por el propio Ricardo Quintela en el comienzo de su primera administración. Y si bien es cierto que en sus primeros cuatro años de Gobierno hubo pandemia, guerra en Europa y una inflación galopante, nadie puede garantizar qué nos deparará el destino en los próximos años por estas tierras.

Además, hay varios factores externos que también condicionan la certeza del anuncio.

El primero y más obvio es el económico. Para poder financiar la ampliación del gasto salarial que tiene la Provincia se necesitarán recursos, y en un Estado que depende de los fondos nacionales como un ser humano del aire, quien gane las elecciones presidenciales del mes de octubre aparece como un dato clave para saber cuánta plata habrá y qué tipo de Estado imagina el próximo presidente. 

Un empleado precarizado no tiene obra social ni aportes patronales ni ART. Es decir, al Estado le implicaría mucho dinero mensual el pase a planta permanente de cada uno de ellos porque a lo que actualmente paga de sueldo le debería agregar todos esos ítems.

Hay otro elemento fundamental: la posibilidad de generar vacantes por jubilaciones.

Un relevamiento interno del Gobierno provincial del año 2015, ya advertía que más del 30% de los trabajadores tenían en ese momento más de 50 años, es decir que en los próximos años comenzarían a estar en condiciones de pedir el retiro y generar un espacio en el presupuesto para nuevas designaciones.

Sin embargo, la mayoría de los empleados públicos no quieren jubilarse y el motivo es uno solo: los paupérrimos ingresos que implica el beneficio previsional. Entonces, políticas como la de la jubilación con aportes o la de incluir el adicional no remunerativo de la “quincenita” en la jubilación, no tienen el éxito esperado porque no logran solucionar la preocupación económica de quienes ya están en condiciones de dejar de trabajar.

Más allá de quién ocupe la gestión de Gobierno provincial y en los municipios en los próximos años, no hay dudas que los grandes temas que atravesarán sus administraciones serán el monto de los salarios y la situación de los miles de precarizados.

El tema está en la mesa. Ahora el Gobernador tiene el compromiso de cumplir con su promesa, quizás la más osada que realizó desde que llegó a la Casa de las Tejas.

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