El asesor del Gobierno, Pedro Goyochea dijo que el fallo de los supremos «hizo prevalecer la formalidad más que la sustancia». Acusó a la Corte de «cogobernar» con Milei y destacó el proyecto de ley local que busca limitar la venta de tierras a extranjeros.

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El polémico fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto un recurso de amparo presentado por una asociación de ex combatientes de Malvinas de La Plata y que, con esa resolución, eliminó cualquier límite a la venta de tierras a extranjeros en toda la Argentina, generó cuestionamientos desde La Rioja a la decisión tomada por el máximo organismo judicial del país.

Las críticas llegaron a través del asesor general del Gobierno y abogado constitucionalista, Pedro Goyochea.

«Primero hay que recordar que este amparo había sido presentado por ex combatientes de Malvinas contra del Poder Ejecutivo Nacional y que pedía declarar la inconstitucionalidad del articulo 154 del decreto N°70/2023 y por el cual se deroga la Ley de Tierras», contextualizó Goyochea.

El funcionario provincial recordó la Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar al amparo por lo cual luego la Casa Rosada apeló ante la Corte.

«La Corte tomó una decisión trascendental por el escándalo que generó este fallo ya que decidió que la asociación de ex combatientes no tenía personería jurídica para interponer una demanda de esta naturaleza y en función de ello desconoce el fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata y decide constitucionalizar el artículo 154 del decreto. Esto significa que eliminó la posibilidad de limitar la venta de tierras a personas o empresas extranjeras y también eliminó cualquier tipo de prohibición sobre los recursos naturales, zonas de fronteras o zonas denominadas etratégicas», explicó.

Goyochea agregó que tras el fallo de la Corte Suprema «actualmente no hay Ley de Tierras vigente y ahora la Argentina se ofrece en materia de venta de inmuebles rurales a cualquier persona extranjera que desee comprarlas, ya sea un lago, un río, aguas comunales, zonas de fronteras o zonas estratégicas». «Esta es la gravedad en la cual la Corte Suprema incurre por una cuestión de naturaleza formal, al no tener personería jurídica no la habilita (NdR: a la asociación de ex combatientes) para ejercer un cuestionamiento a la constitucionalidad del articulo 154 del decreto 70», se explayó.

En las últimas horas la Corte Suprema aclaró que falló sobre una cuestión procesal y no sobre la validez del régimen de tierras. A través de un comunicado, los supremos precisaron que aún hay procesos abiertos sobre el fondo de la cuestión y que cualquier ciudadano que considere que la venta de tierras a extranjeros sin límites es inconstitucional puede pedir una medida cautelar.

Goyochea opinó sobre este comunicado de la Corte. «Este comunicado de la Corte suena más bien a una excusa justificativa que a una resolución y deja mucho que desear. Para la Corte la formalidad sigue siendo más importante que la sustancia. Es decir, para la Corte puede ser inconstitucional el artículo pero la forma es más importante que la acción inconstitucional. Además, la Corte nunca se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del decreto 70. Hoy la resolución de la Corte deja a la Argentina desprotegida frente a la acción comercializante que se puede llevar a cabo con las tierras rurales», cuestionó.

El funcionario provincial fue más allá y acusó a la Corte de actuar siempre a favor del gobierno libertario. «Más que hacer prevalecer la Constitución nacional, la Corte termina cogobernando con la administración de Milei, otorgándole entidad a la derogación de una ley sustancial que hace a la soberanía territorial. Hoy no hay protección territorial sobre la soberanía argentina en lo que hace a sus recursos y zonas estratégicas», señaló.

Goyochea recordó que a principios de agosto el Ejecutivo Provincial envió en proyecto de ley a la Legislatura tendiente a blindar a La Rioja contra la extranjerización de tierras.

«Es un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, se está trabajando en la comisión. El proyecto consiste en implementar un régimen de protección integral de la propiedad rural adonde se establecen límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros en nuestra provincia», destacó.

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