Tras una jornada de protestas de trabajadores en todo el país, el Ejecutivo ratificó su decisión por un decreto publicado en el Boletín Oficial.

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El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de organismos clave relacionados con la infraestructura vial y la seguridad en el transporte, ratificando su decisión a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La drástica reestructuración, que venía gestándose y ya había generado masivas protestas de trabajadores en todo el país, busca, según el Ejecutivo, una gestión más eficiente y transparente, eliminando duplicidades y gastos innecesarios.

La decisión se concretó con la publicación del Decreto 461/2025 en el Boletín Oficial, una normativa que lleva las firmas del presidente Javier Milei, y los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Patricia Bullrich. Este instrumento legal dispuso la disolución total de tres entidades fundamentales: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Además de las disoluciones, el decreto inició un proceso de reorganización profundo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Estas medidas se oficializaron tras una jornada de intensas protestas de los trabajadores de estas dependencias descentralizadas, quienes expresaron su rechazo a la medida en diversas provincias.

Nueva arquitectura del control vial y del transporte
Uno de los pilares de esta reforma estatal es la transformación de la CNRT, que a partir de ahora pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.

Este nuevo organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y se erigirá como la Autoridad de Aplicación de las concesiones viales.

Su misión principal será concentrar funciones que requieren de autonomía funcional y operativa, acumulando facultades de los organismos disueltos.

La flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte asumirá unas 15 funciones principales.

Entre las más destacadas se encuentran la fiscalización de los contratos de concesión viales, ferroviarios y del transporte terrestre de jurisdicción nacional.

También tendrá la potestad de aplicar sanciones ante incumplimientos de las normas legales, velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte nacional, conducir o encomendar investigaciones técnicas, y percibir y fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias.

En paralelo, el mismo decreto dictó la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte. Esta entidad reducirá considerablemente su alcance y gasto, y pasará a llamarse “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”.

Su ámbito de actuación quedará limitado exclusivamente al transporte aéreo civil, con el fin de cumplir con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

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