La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación afirmó que no hay ajuste alguno al sector ni ningún reclamo ante ese organismo nacional. «No hay ningún pretexto para que las obras sociales no le paguen a los prestadores», afirmaron.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación aseguraron que no hay ningún ajuste ni recorte presupuestario a la discapacidad. La aclaración se produce en el marco de continuas manifestaciones que realizan prestadores de discapacidad en todo el país y que también se produjeron en La Rioja.
Daniel Spadone, gerente de Delegaciones y Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, habló con Riojavirtual Radio sobre la situación en el marco de este conflicto y aseguró que no hay ajuste alguno al sector. «No hay ningún ajuste en discapacidad en tanto y en cuanto el sistema de retroalimenta de los mismos trabajadores. No puede haber ajustes en discapacidad ni aunque quisiéramos. No tuvimos reclamos en ninguno de los 120 puestos de atención que la Superintendencia tiene en todo el país. No hemos recibido ni una sola queja en todo el país porque las prestaciones no se han cortado», aseguró.
El funcionario nacional informó que la facturación de los prestadores de discapacidad lleva un lapso de entre 60 y 90 días para ser cobrada. «Una factura de junio se presenta en las obras sociales, no en la Superintendencia porque somos órgano de contralor. Esa factura se debe presentar hasta el 15 de julio. A partir de allí nosotros auditamos el sistema y tenemos 60 días para informarle a la AFIP -porque ni siquiera manejamos el dinero- para que en la cuenta especial de discapacidad que tienen abierta las obras sociales se les transfieran esos fondos. La factura de junio se factura en julio y se estaría pagando en septiembre. A día de la fecha no hay pretexto para que no se le pague a un prestador porque la AFIP transfirió a las obras sociales todo el dinero que corresponde», explicó.
Spadone añadió que se han acortado los plazos para que los prestadores cobren sus aranceles «porque entendemos la situación de la desvalorización del dinero». «La Agencia Nacional de Discapacidad busca regularizar todos los pagos», dijo.
A su vez, Spadone precisó que en un comunicado conjunto entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud «acordamos armar una mesa de trabajo a la que se va a invitar a los prestadores del sistema y a los gobiernos provinciales». «No tenemos ninguna queja y los pagos están regularizados», remarcó.
Además, el funcionario nacional aclaró que «la relación contractual es entre el prestador y la obra social». «Es una relación entre privados, nosotros somos órganos de contralor nuestra función es que esa factura que el prestador presenta ante la obra social, la auditamos e informamos a la AFIP. Al día de hoy los fondos están transferidos a todas las obras sociales», aseguró.
puede pasar que haya habido facturas atrasadas, o que tal vez las obras sociales no las presentaron en la superintendencia en tiempo y en forma porque las obras sociales acumularon facturas para presentar un paquete.
Por último, Spadone insistió en que no solo no hay recorte a la discapacidad sino que además desde 2019 hubo un incremento del 320% a las prestaciones. «Desde 2019 a la fecha el valor de los aranceles que cobran los prestadores aumentaron 320%. Mal podríamos hacer un ajuste cuando estamos aumentando 320% el valor de las prestaciones respecto a la gestión del gobierno anterior», cerró.
comentarios
No puedes copiar el contenido de esta página.
<p>Javascript no detectado. Se requiere Javascript para que este sitio funcione. Habilítelo en la configuración de su navegador y actualice esta página.</p>