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Mediante una modificación de la Ley de Migraciones, el Poder Ejecutivo de la Nación resolvió restringir el ingreso al territorio argentino de aquellos extranjeros que promuevan discursos de odio o inciten a la violencia contra la población local, la nación o los símbolos patrios. La medida, formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, establece un marco estricto que faculta al Estado tanto a denegar el acceso como a retirar el beneficio de residencia y ordenar la deportación de quienes incurran en estas conductas.

La decisión impacta directamente sobre el articulado de la normativa vigente. Por un lado, la reforma incorpora una nueva causa de inhabilitación en el artículo 29 de la ley, abarcando las expresiones de odio transmitidas de forma oral o escrita, la provocación de hechos de violencia dirigidos contra ciudadanos por su nacionalidad y la instigación o ejecución de ofensas hacia los símbolos patrios.

Por otro lado, la enmienda se extiende al artículo 62, permitiendo a la Dirección Nacional de Migraciones cancelar los permisos de residencia concedidos previamente a los extranjeros implicados, con la consecuente intimación a abandonar el suelo nacional o la disposición de su expulsión inmediata, previo análisis de los antecedentes y situación de cada individuo.

Excepciones y fundamentación del Poder Ejecutivo

En los considerandos de la normativa, la Casa Rosada remarcó que las restricciones impuestas no cercenan la libertad de expresión ni la crítica democrática. De este modo, se aclaró de manera expresa que no se considerarán causales de veto o expulsión las manifestaciones de disenso ideológico, ni las posturas políticas, académicas o ciudadanas respaldadas por la Constitución Nacional.

Sin embargo, el Ejecutivo justificó la adopción del DNU al señalar que, en los últimos tiempos, las descalificaciones y el desprecio dirigidos a la cultura e identidad nacional aumentaron “considerablemente”. Según el texto oficial, este tipo de manifestaciones genera “un riesgo para los ciudadanos y quebrantan el respeto básico” exigible a toda persona no nativa que pretenda ingresar o permanecer dentro de las fronteras argentinas.

Asimismo, las autoridades sostuvieron que estas acciones desvirtúan el propósito rector de la política migratoria y atentan directamente contra las condiciones de “convivencia armónica y paz social”, advirtiendo que los discursos de odio y la propagación de la violencia representan un peligro concreto para la integridad física, la salud y los derechos fundamentales de la población.

Para dotar de sustento jurídico a la medida, el Gobierno citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando la doctrina que reconoce la potestad soberana del Estado para admitir ciudadanos de otras nacionalidades “bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir”.

El decreto entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio. Cumplida su publicación oficial, el texto será girado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual contará con un término de diez días hábiles para expedirse sobre su validez constitucional antes de que sea debatido de forma expresa en los recintos de ambas cámaras. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Diego Santilli; y de los ministros Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

Tras la difusión del decreto, la Oficina del Presidente difundió un pronunciamiento firmado por el jefe de Estado a través de la red social X, fundamentado en las “recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”. En dicho mensaje, el Mandatario concluyó con una postura tajante respecto de la norma aprobada: “La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

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