El macrismo quiere que los gobernadores imiten a la Casa Rosada y dejen de nombrar empleados públicos en sus reparticiones. Pese a que son autónomas, Nación quiere que las provincias firmen un acuerdo en esa línea. En La Rioja hay 78 mil empleados públicos provinciales.
Los de cada tres empleados públicos del país son provinciales. En su plan para reordenar el gasto público y hacer más eficientes los ingresos (sin aumentar los impuestos), el gobierno nacional pretende que los gobernadores repitan su decisión de congelar la contratación de trabajadores en el Estado.
Una fuente oficial reconoció a la prensa que intentarán avanzar en un acuerdo con los gobernadores en el marco del debate por la reforma impositiva integral y de la nueva ley de coparticipación.
Hace una semana, por la Decisión Administrativa 12 se prohibió a los organismos que integran el Poder Ejecutivo Nacional sumar personal al que tenían hasta el cierre de 2016. Los que lo requieran deberán conseguir la autorización de Jefatura de Gabinete. Quedaron excluidas las empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia.
“Tampoco se incluyó a las provincias porque tienen autonomía para estas decisiones, pero el objetivo es lograr un consenso y conseguir que todos trabajemos en la misma sintonía para una mejor administración de los fondos públicos”, agregó el funcionario del Ministerio del Interior.
Diego Giacomini, director de E&R, subrayó que por las transferencias de obligaciones de la década del 90, los servicios públicos esenciales hoy están a cargo de las provincias. “Salud, educación, seguridad y justicia dependen de las administraciones provinciales, y aunque el esfuerzo fiscal tiene que recaer en las dos esferas hay más responsabilidad de Nación.”
“Si a los gobernadores les piden que no aumenten su planta de personal, la Nación tiene que empezar por reducirla”, definió ante el matutino porteño. Los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) ocupan a casi 3,5 millones de personas; de ese total, 21% depende del central, 13% de los municipios y el resto (66%), de las provincias.
Para la Nación no habría equidad en que todo el esfuerzo fiscal quede de su lado: “Habrá asistencia, acompañamiento para mejorar la recaudación y apoyo para obras. Hemos devuelto recursos; hace falta que también de la otra parte se asuman compromisos y se cumplan”.
Ya el año pasado, desde la Casa Rosada se les planteó a los mandatarios provinciales que no se garantizaría la toma de deuda para pagar salarios. Durante 2016, las provincias emitieron deuda por unos 7000 millones de dólares; no lo pueden hacer sin el aval de la administración central. Ahí, por ejemplo, la Nación tiene una herramienta para “presionar”.
El desafío es encontrar mecanismos que permitan superar los compromisos “voluntaristas”. En esa línea, una posibilidad en estudio es que, auditados los números, los gobernadores con mejor gestión tengan un apoyo “extra”.
Desde NoaNomics, Félix Piacentini apunta que más conveniente que plantear “congelamiento” es establecer un parámetro objetivo, como el índice de crecimiento poblacional que, a nivel país, es del 1,2% anual.
“Los gobiernos provinciales no pueden seguir usando la expansión del empleo público como herramienta de política económica sin poner en riesgo su situación fiscal y clima de negocios”, sostuvo el especialista.
comentarios
