Por ello, el gobernador dispuso que abogados del gobierno «asesoren y defiendan a cada familia afectada» por bajas «sin respaldo legal» que haya dispuesto Nación y tildó de «inhumanas» este accionar de Casa Rosada.

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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa un escenario de cuestionamientos políticos, judiciales y sociales. Pese a la suspensión de más de 110 mil pensiones y a los recortes en prestaciones, el organismo incrementó de manera significativa sus gastos.

En 2024, su presupuesto subió un 176%, superando incluso a la inflación acumulada del período, y en los últimos ocho meses recibió refuerzos por más de un billón de pesos.

La situación de la ANDIS se volvió más compleja tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se habla de un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos. En esas grabaciones se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe del miércoles pasado ante la Cámara de Diputados transmitió que la Administración Nacional de Discapacidad había dado de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Fue el resultado de la auditoría que el propio Spagnuolo inició en enero, con un procedimiento basado en citaciones dirigidas por carta documento al domicilio que figuraban en los trámites originales.

Sin embargo, ahora Nación reconoce errores en muchas de las bajas y esto trae numerosas críticas, incluso de sectores aliados en una política tan sensible como la discapacidad.

QUINTELA CON LOS TAPONES DE PUNTA

El gobernador riojano salió con los tapones de punta contra Nación por las bajas en pensiones por discapacidad y destacó que hay muchos casos en La Rioja.

En ese contexto, dijo que «lo que están viviendo hoy las familias de las personas con discapacidad es una verdadera injusticia. El gobierno nacional, a través de ANDIS, está dando de baja pensiones sin respaldo legal, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Ante esta crueldad, instruí al equipo legal del gobierno provincial para que acompañen, asesoren y defiendan a cada familia afectada. Necesitamos que los ministerios públicos de la defensa, provinciales y federales, junto a abogados y abogadas de buena fe, activen los mecanismos judiciales y se pongan al servicio de este colectivo».

«No vamos a dejar solas a las personas con discapacidad ni a sus familias, vamos a poner un freno a tantas políticas inhumanas que rompen la dignidad de las personas. Acá, en La Rioja, estamos para defender derechos y garantizar la inclusión», sentenció el mandatario provincial.

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