La abogada laborista Cristina Azocar dijo que la reforma laboral cambia por completo la concepción del derecho laboral en la Argentina y que también deja abierta la posibilidad de que se pueda hacer un planteo de inconstitucionalidad de la ley.

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A horas de aprobada la reforma laboral en Diputados y que ahora deberá volver al Senado por la eliminación del artículo 44 (régimen de licencias por enfermedad), la polémica ley no tardó en generar repercusiones en el ámbito del constitucionalismo y del derecho laboral.

En ese contexto, la abogada laborista de la ciudad de Córdoba, Cristina Azocar opinó sobre el tema y dijo que la reforma laboral supone, por un lado, un cambio estructural en la concepción misma del derecho laboral y que deja abierta la posibilidad de un planteo de inconstitucionalidad de la ley.

«Integro un foro de derecho del trabajo del cual soy fundadora y desde esa institución venimos marcando algunas cuestiones con mucha preocupación. Estamos de acuerdo con una reforma pero debe hacerse bien y hay algunos aspectos que conforme fueron sancionados dan un marco de incertidumbre o que deja visible algún planteo de inconstitucionalidad», dijo Azocar en Riojavirtual Radio.

La abogada laborista ahondó luego en lo que considera un cambio estructural en la concepción del derecho laboral a partir de esta reforma. «Hay dos cuestiones claves a tener en cuenta, una es general. Acá hay una reforma laboral estructural donde se está cambiando la visión del derecho laboral. Ya no se lo ve al trabajador como una persona sino como una mercancía, como un objeto prácticamente con derechos anulados, derechos que han sido reconocidos a lo largo de la historia y que han sido reconocidos por una cuestión de desigualdad en las relaciones de trabajo entre empleador y trabajador», sostuvo.

Para Azocar, con esta reforma laboral «se elimina el principio protectorio hacia el trabajador».

Luego señaló que la ley también implica un cambio en lo particular y su posible inconstitucionalidad. «En lo particular hay una serie de artículos que pueden ser tildados de inconstitucionales porque violentan y van en contra de normativas contempladas no solo en nuestra Constitución Nacional sino también en el marco del derecho internacional y de los tratados internacionales», explicó.

Sobre una eventual judicialización de la ley, Azocar dijo que a ese planteo judicial lo pueden hacer a nivel colectivo los sindicatos. «Luego cada particular puede hacer un planteo ante la Justicia si siente vulnerados sus derechos. Si la ley está mal hecha puede ser tildada de inconstitucional, pero eso se verá más adelante en la Justicia», consideró.

La especialista consideró además que esta reforma laboral «en general, está pensada para favorecer al sector empresarial, al empleador». «En esta reforma ha habido sectores empresariales que no están de acuerdo con determinados puntos. Por ejemplo, el fondo de cese laboral que está vigente para la construcción. Eso está vigente con la Ley Bases y los propios empleadores no lo han tomado porque era optativo. Y no lo tomaron porque según ellos no les cerraban los números», indicó.

Azocar opinó que una reforma laboral «se debe hacer teniendo en cuenta a ambos sectores, empleados y trabajadores».

Además habló de uno de los argumentos del gobierno libertario para impulsar esta ley y que es la supuesta industria del juicio. «En líneas generales un trabajador no quiere hacer un juicio, lo que quiere mantener su fuente de trabajo y el empleador tampoco quiere echar a aquel trabajador que le sirve con lo cual si la relación entre ambos funciona y si la normativa acompaña a ambos sectores no tendría que haber un problema de litigiosidad. El tema de la litigiosidad ha sido instalado para justificar algunas cuestiones que no están bien hechas y que están van en contra de los principios constitucionales. La culpa de los altos costos laborales no es la industria del juicio como se intenta instalar», afirmó.

En este sentido, dijo que para una empresa o para una pyme «un trabajador en blanco es barato porque cuando lo despiden las reglas son claras sobre cuánto le va a salir al empleador, es matemático». «El problema de los juicios grandes en montos son en aquellos casos de trabajadores que no están registrados o que están mal registrados», indicó.

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