El juez federal Herrera Piedrabuena habló en exclusiva con Riojavirtual Radio y dijo que el Juzgado intentará hacer todas las indagatorias antes que termine el año. Además, negó dilaciones en el proceso. Pedirá una pericia a la Corte Suprema para actualizar el monto de la supuesta defraudación al Estado.

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En La Rioja se reactivó una megacausa que tiene a más de 200 personas imputadas presuntamente involucradas en el desvío de fondos nacionales que se debían destinar a obra pública.

Se trata de la causa de las ONG. La causa se originó en 2016 y el presunto desvío de fondos se habría realizado a través de distintas ONGs locales.

Según consta en la causa, el delito se habría configurado a partir del envío de fondos provenientes de Nación y que el Gobierno provincial de entonces (2016) distribuía entre distintas ONG para realizar obra pública.

La causa, que apunta un desvío de cifras millonarias, se inició en 2016 por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y están imputadas 230 personas físicas y también personas jurídicas.

Los delitos investigados están vinculados a maniobras de defraudación contra el Estado provincial, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos.

Entre los imputados hay integrantes de las fundaciones o asociaciones civiles que operaron como intermediarias entre los fondos que se entregaban para obras públicas y las empresas constructoras y no se descarta que pudiera haber ex funcionarios provinciales.

La investigación incluye dos denuncias: una de los fiscales especializados en lavado y otra de la Oficina Anticorrupción de la Nación.

La presentación de la Oficina Anticorrupción apuntaba a fondos entregados por el Gobierno nacional a las ONG “Futuro”, “Amanecer” y “Nuevo Atardecer” para hacer obras encargadas por el Estado riojano. Ese dinero fue retirado en efectivo del Banco de La Rioja

Al respecto, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena habló en exclusiva con Riojavirtual Radio y recordó cómo se inició esta megacausa que, tras varios años paralizada, se reactivó.

«Esta causa empezó en el año 2016. Se inició cuando el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella formula una denuncia penal en la sede del Juzgado donde anuncia que había recibido unos reportes, reportes de operaciones sospechosas que le hizo el Banco Rioja. A raíz de eso, empieza a tramitarse esta causa. La PROCELAC es una unidad especializada que tiene el Ministerio Público Fiscal que investiga, coordina y asiste en los casos de criminalidad económica y fraude financiero. La causa empezó así, con ese reporte que hace el Banco Rioja a la PROCELAC», narró Piedrabuena.

Luego, Piedrabuena habló de las personas imputadas. «Son 230 personas imputadas. Se les va a tomar declaración indagatoria donde a esas personas se les pondrá en conocimiento el hecho que se le imputa. Vamos a tratar de tomar todas las indagatorias este año pero también hay que tener en cuenta que esas personas pueden apelar las imputaciones y eso puede prolongar los tiempos», señaló.

El magistrado recordó que, cuando se inició la causa en 2016, el monto de los supuestos delitos económicos rondaba los $3 millones y que por eso, se actualizarán los montos. «Los montos están desactualizados, se hablaba de $3 millones en 2016. Todo eso se va a actualizar. Seguramente pediremos una pericia a la Corte para actualizar todos los montos de la parte económica que se está investigando», indicó.

Sobre el dinero extraído del Banco Rioja y que fue reportado por esa entidad como operaciones sospechosas, Piedrabuena dijo. «El dinero que se retiraba fue reportado como operaciones sospechosas por el Banco Rioja. Y el procurador Gonella manifestó que serían fondos nacionales».

«La paralización de la causa no es atribuible a este Juzgado Federal»

El juez federal explicó luego cómo fue el recorrido que tuvo esta causa y los motivos por los que se paralizó y dejó en claro que esas dilaciones no son atribuibles al Juzgado Federal.

«En aquel momento la causa fue remitida al Juzgado Federal de La Rioja. A la causa se le da ingreso y se le corre vista al Ministerio Público Fiscal de La Rioja. En ese momento quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal era el doctor Horacio Salman. La Fiscalía es la encargada de investigar este tipo de delitos y además, en su momento, la causa es delegada, se le confiere la investigación a la Fiscalía. La Fiscalía produce el requerimiento y luego, a fines de 2016, la Fiscalía amplía los fundamentos del requerimiento. Cuando yo veo la ampliación más lo que ya le había señalado veo que no se hace conforme a las indicaciones que le había dado. Es decir, era un requerimiento inconsistente para tamaña acusación e investigación que había hecho la PROCELAC», relató.

En este punto, el juez dijo que debido a ese requerimiento inconsistente de la Fiscalía, debió declararlo nulo. «Entonces me veo en la necesidad legal de hacer nulo el requerimiento, el Fiscal apela esa nulidad que yo había declarado. Todo el expediente fue a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y el 12 de junio de 2017 la Cámara confirmó el fallo de primera instancia en cuanto a la nulidad. El requerimiento y su ampliatoria eran nulos, no tenían la entidad suficiente para promover la acción penal y además la Cámara le ordena al Ministerio Público Fiscal realizar un nuevo requerimiento», señaló.

El magistrado reiteró que en 2016, cuando se inició la causa «el requerimiento de la Fiscalía estaba mal hecho y no se le podía hacer saber a la persona de qué se la estaba imputando, por eso se declaró nulo y la Cámara de Apelaciones de Córdoba lo ratificó».

Piedrabuena agregó que «al expediente siempre lo tuvo la Fiscalía Federal porque estaba delegada la causa, pero lo retoma ahora, y pasaron muchos años. Desde 2017 a la fecha recién ahora se hizo un nuevo requerimiento, pasaron 9 años. Por eso la molestia de este magistrado y del juzgado en cuanto a que quieren agraviar la actuación de la justicia cuando eso no es así. No es atribuible a este juzgado federal ninguna demora, ni ninguna situación o cosa extraña a la investigación que se lleva a cabo», aseguró.

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