Cuestionó que el máximo tribunal haya dado curso a la demanda de la administradora del mercado mayorista electrico contra el decreto provincial que frenó el traslado de los aumentos de electricidad a usuarios. Habló de una “alianza del ajuste nacional”.

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El gobernador Ricardo Quintela salió al cruce de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el máximo tribunal resolviera darle curso a la demanda presentada por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)) contra la Provincia de La Rioja por el congelamiento de las tarifas eléctricas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario cuestionó la decisión judicial y volvió a defender la política provincial de evitar que los incrementos dispuestos por Nación se trasladen directamente a las facturas de los usuarios.

Quintela calificó el escenario como una “alianza del ajuste nacional” y apuntó contra la Secretaría de Energía de la Nación, CAMMESA y ahora también contra la Corte Suprema, a la que cuestionó por intervenir en el planteo que busca poner en duda la constitucionalidad del decreto provincial.

“La alianza del ajuste nacional entre la Secretaría de Energía de la Nación y CAMMESA cuenta ahora con un nuevo actor: la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a través de una demanda judicial amañada, busca poner en duda la constitucionalidad de un Decreto de la Función Ejecutiva Provincial, que decidió no trasladar los excesivos costos de los cuadros tarifarios impuestos por la Nación a los usuarios de la provincia”, expresó.

El mandatario defendió la decisión de su Gobierno de frenar el impacto de los aumentos nacionales sobre los hogares riojanos y sostuvo que existen límites constitucionales frente a las políticas económicas que afectan el acceso a los servicios esenciales.

“El ajuste salvaje al pueblo tiene un límite en La Rioja, y ese límite está fijado por la Constitución Provincial. El derecho al agua, a la energía y a la conectividad son superiores a cualquier política de crueldad y ajuste definido por el Gobierno nacional”, remarcó.

La disputa judicial por las tarifas

El conflicto tiene como origen el Decreto Provincial 370/2024 y la Resolución 133/2024, mediante los cuales la Provincia resolvió suspender el traslado de los incrementos del cuadro tarifario nacional a los usuarios riojanos.

CAMMESA cuestionó la constitucionalidad de esas disposiciones y llevó el planteo ante la Corte Suprema. La empresa denunció una deuda de más de $8.183 millones vinculada a las compras de energía de EDELAR y solicitó que se deje sin efecto el esquema provincial.

El pasado 29 de octubre, la Corte resolvió asumir la competencia originaria en la causa y correr traslado de la demanda a la Provincia por un plazo de 60 días para que presente su respuesta. También convocó al Estado nacional a intervenir en el expediente.

La decisión no implica todavía que el decreto provincial haya sido declarado inconstitucional ni que se haya ordenado modificar las facturas. El máximo tribunal dejó pendiente el tratamiento de la medida cautelar solicitada por CAMMESA para una instancia posterior.

La Rioja prepara su defensa

Desde el Gobierno provincial ya anticiparon que defenderán la medida ante la Corte Suprema. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, explicó que La Rioja no desconoce la facultad nacional para establecer los cuadros tarifarios, sino que decidió evitar que esos incrementos impacten directamente sobre los usuarios, mediante un esquema de compensación provincial.

De esta manera, el conflicto suma un nuevo capítulo en la relación entre la administración de Ricardo Quintela y el Gobierno nacional. La discusión ya no se limita al costo de la energía, sino que también pone en debate las facultades de las provincias para intervenir frente al impacto de los aumentos tarifarios y garantizar el acceso a servicios esenciales.

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