El ex secretario general de la UEJN La Rioja, Carlos Cabrera, dijo que la intervención al gremio «es arbitraria» y que carece de fundamentos. Cabrera presentó una impugnación para intentar rebatir la intervención.

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El ahora ex secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) – Seccional La Rioja, Carlos Cabrera, expresó su rechazo a la decisión de la conducción nacional de ese gremio de intervenir la delegación en La Rioja y apartarlo así del cargo.

Cabrera cuestionó la intervención a la seccional local de la UEJN y que es por un lapso de 120 días. «Acá hay una intervención arbitraria y que avasalla todos los derechos que tenemos los trabajadores judiciales, sobre todo de parte de su comisión directiva en donde no se considera nada. Ellos (NdR: la conducción nacional) deciden realizar una intervención a la comisión directiva de la Seccional 7 sin tener fundamentos ni causas reales para poder hacerla», dijo Cabrera en Riojavirtual Radio.

El gremialista agregó que «de acuerdo al articulo que ellos mencionan, que es el artículo 37 apartado O, no hay ningún fundamento real que justifique esa intervención».

Hay que recordar que la intervención a la seccional local de la UEJN se hizo con la firma de Julio Piumatto, actual secretario general del gremio a nivel país. La causa de la intervención, según la conducción nacional del gremio, es por supuestas irregularidades denunciadas por dicha conducción. Tras la aplicación de la medida, Cabrera fue apartado del cargo y en su lugar se nombró como interventor a Juan Pablo Triputti.

Consumada la intervención, Cabrera dijo que resistirá la medida mediante una impugnación. «De inmediato presentamos una impugnación a esa intervención para que se resuelva y se mantengan los puntos claros que debemos tener en la comisión directiva nacional y de la seccional».

Sobre las denuncias de irregularidades en la seccional La Rioja que realizó la conducción nacional, Cabrera dijo: «No entendemos a que se refieren ellos con que hay irregularidades, no dicen cuál es la irregularidad manifiesta que tiene esta conducción provincial. Nosotros sabemos que tenemos todo en regla tanto en cuanto a ingresos mensuales como de gestión. Tenemos todos los elementos necesarios para probar que el poder de gestión se hizo buscando mejoras salariales para los compañeros judiciales. Esas gestiones se realizan pero no se puede garantizar un resultado», indicó.

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