La doble convocatoria a elecciones en Capital abre un escenario inédito. La judicialización, el almanaque que apremia y la insólita posibilidad de tener dos Intendent@s elect@s. Por momentos parece que la clase dirigente no dimensiona la magnitud de la crisis de representación.

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La relación entre los Gobiernos provinciales y del municipio de Capital de turno tuvieron a lo largo de las décadas posteriores al retorno de la democracia, innumerables momentos de conflictos y tensión. Desde lo económico hasta en lo legal/administrativo, se fueron generando distintos motivos de controversia.

Sin embargo, la capacidad de asombro nunca se agota en las “Tierras de la Chaya” y en este 2023 surgió un nuevo hito: la doble convocatoria electoral.

Argumentando con la Constitución nacional por las autonomías comunales y el antecedente de la convocatoria a convencionales municipales del año 2015 (cuando Ricardo Quintela era intendente), el municipio de la Capital llamó a elecciones para el próximo 22 de octubre para determinar Jefe comunal y concejales para el periodo 2023/2027.

Por su parte, el Gobierno provincial asegura que la no existencia de una Carta orgánica departamental ni de un Código electoral municipal, determina que la Provincia mantiene la facultad de convocar a comicios para ediles e intendentes en los 18 departamentos, incluyendo la Capital. Y así lo hizo para el 7 de mayo.

En este momento existen dos convocatorias para elegir intendente de Capital y varios escenarios posibles.

El primero de ellos es la posibilidad de un acuerdo entre las partes para unificar el llamado a elecciones.

Esa alternativa es hoy la más lejana de todas, porque no hay diálogo formal ni informal para encontrar una solución y porque las declaraciones que realizaron esta semana en «Riojavirtual Radio» la secretarial Legal del municipio, Cristina Salzwedel, y el Asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, dejaron en claro la ratificación de ambas convocatorias por parte de las dos administraciones.

Otra opción es que alguna instancia judicial resuelva el conflicto antes de las fechas de los comicios.

En ese sentido, está claro que la palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia, como máximo organismo del Poder Judicial y como última instancia donde tod@s l@s involucrad@s reconocen fuera de micrófono terminará más tarde o más temprano este conflicto político/judicial.

Sin embargo, aquí aparece el gran problema: los tiempos de la Justicia.

En relación con este punto, hasta el momento no se conoce públicamente ninguna presentación en el fuero provincial que dé formalmente inicio al camino judicial que debería terminar en la Corte. Es decir, el proceso de cuestionamientos jurídicos a las convocatorias todavía no empezó y el almanaque corre.

Entre presentaciones y apelaciones, existe una posibilidad real que la definición judicial llegue después de que se hayan realizado uno o los dos comicios, con lo cual la insólita posibilidad de que tengamos un@ o dos intendent@s elect@s por el voto popular pero esperando ser ratificad@s por la Justicia en sus cargos, no es tan inverosímil. Imaginen la crisis política que implicaría una elección a Intendente donde no participe la oposición y otra donde no se presente el oficialismo.

Con un agregado más y no menor por su impacto político.

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia es cuestionado por la oposición porque dos de sus integrantes dejaron cargos en el Ejecutivo provincial para sumarse a esa función y una de las Juezas tiene un vínculo directo con el Gobernador. Mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la misma que fue denunciada por el peronismo riojano por el fallo que favoreció a CABA en el reparto de recursos federales y de la cual se hicieron públicas supuestas conversaciones entre asesores de ese organismo y funcionarios de “Juntos por el Cambio”.

Un fallo judicial -en cualquiera de las instancias y en cualquiera de los sentidos- no cerrará el debate político ni las dudas sobre la imparcialidad de lo resuelto.

Y aquí surge el gran desafío que tendremos l@s periodistas, el sistema político, la Justicia y la sociedad en general en este año electoral.

Teniendo en cuenta un contexto en el cual existe una radicalización de las ideas, un permanente cuestionamiento a los fallos judiciales como última herramienta de ordenamiento social (el “Estacionamiento medido” a nivel local o la Coparticipación a nivel nacional pueden servir de ejemplos) y un proceso social en donde para amplios sectores solamente parece haber democracia cuando sus propuestas son las que se imponen, debemos pensar que se abre un escenario muy complejo.

Una de las principales virtudes de la democracia argentina es la alternancia en el poder de distintos partidos y la aceptación de los resultados electorales. El clima social descripto, reclama de tod@s nosotr@s mucha responsabilidad para fortalecer el sistema y profundizar los lazos de convivencia, para que esa virtud no desaparezca. Procesos como los vividos en Estados Unidos o Brasil en las últimas elecciones presidenciales nos deberían servir como advertencia de los riesgos que existen.

Con una gestión municipal capitalina que no supo resolver los problemas estructurales que heredó de anteriores administraciones y que generó algunos inconvenientes nuevos en la ciudad y con una política salarial del Gobierno provincial que no alcanza para cubrir un proceso inflacionario que roza el 100% anual, estar atrapad@s en una discusión judicial que tiene como eje las competencias electorales de cada Gobierno no parece pertinente.  

Con este panorama, cabe pensar que l@s dirigentes no están dimensionando la crisis de representación que se vive. Con la ciudad sitiada por los baches, apenas reponiéndose de una de las peores tormentas de verano de los últimos años y con sueldos que no alcanzan, la judicialización del proceso electoral solamente funciona como combustible de ese mal humor social ya instalado.

Están debatiendo en una realidad paralela, y si ese proceso se profundiza se corre el riesgo de vaciar de contenido a la democracia.

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